El Ministerio de Trabajo y Economía Social quiere cerrar la reforma de los subsidios por desempleo y cumplir el último compromiso pendiente con Bruselas. Con un fracaso a sus espaldas en la tramitación parlamentaria del decreto anterior, en la cartera de Yolanda Díaz quieren asegurarse de que esta vez pasa la votación y, para ello, se ha abierto a mantener la cotización del 125% para los parados mayores de 52 años, como pedía Podemos.

Esa cesión también ha convencido a los sindicatos, que se han reunido con el Ministerio y la patronal este lunes. La secretaria de Política Institucional y Políticas Territoriales de UGT, Cristina Estévez, ha calificado ese cambio de opinión de Trabajo como "un gran avance y un gran logro".

Al mantener esa sobrecotización del 125%, se garantiza que este colectivo, "de especial dificultad para su inserción en el mercado laboral", no vea afectadas sus pensiones, como habría ocurrido con las propuestas del texto inicial. "Hablamos de que la consecuencia les llevaba a cobrar pensiones mínimas", ha precisado Estévez. 

Una persona entra a una oficina del SEPE. Eduardo Parra Europa Press

En CCOO también han agradecido que el subsidio para parados mayores de 52 años se mantenga sin cambios. "Esta causa está retirada y se garantiza el mantenimiento de la base de cotización del subsidio para mayores de 52 años", como ha explicado tras la reunión el secretario de Protección Social y Políticas Públicas de CCOO, Carlos Bravo.

Los sindicatos entienden que, retirado el punto que provocó el voto en contra de Podemos, esta vez no existen "elementos que pudieran contravenir la buena viabilidad" del texto. "Esperamos que pueda ver la luz", ha pedido Estévez.

Más beneficiarios

Además de recuperar la sobrecotización, el texto debatido en la reunión de este lunes también se abre a incorporar a dos nuevos colectivos: las víctimas de violencia de género y sexual y los emigrantes retornados. Igualmente, se mantienen, como en el documento anterior, los eventuales agrarios y los menores de 45 años que agoten la prestación contributiva y no tengan cargas familiares. 

En cuanto a las cuantías, durante los primeros seis meses del cobro de subsidio, el beneficiario recibirá el equivalente al 95% del IPREM. En los seis meses siguientes, el 90% del IPREM; y en el resto de la duración de la prestación, el equivalente al 80% del IPREM.

La secretaria de Política Institucional y Políticas Territoriales de UGT, Cristina Estévez, en una imagen de archivo. Ricardo Rubio Europa Press

La referencia del IPREM genera cierto rechazo entre los sindicatos. UGT quiere que ese indicador "deje de ser un referente" y pide que, en su lugar, se utilice el índice de pobreza. CCOO no se opone al empleo del IPREM, pero urge a actualizarlo y revalorizarlo, ya que es "un 14% inferior a 2004", cuando se creó.

También se conoce que se ampliará la cobertura de las prestaciones parciales para pasar a una completa. Esta medida está pensada para los trabajadores con contratos a tiempo parcial que hasta ahora recibían una prestación parcial. 

"Logra tener un mayor impacto de género con el reconocimiento de los subsidios de las trabajadoras a tiempo parcial, esa discriminación que padecían las mujeres", ha explicado el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, durante sus declaraciones a los medios.

Entre los otros puntos que recogerá esta nueva propuesta se encuentra, la ampliación de la cobertura, al permitir el acceso de las parejas de hecho a la unidad familiar; la eliminación del tiempo de espera de un mes para pasar de las prestaciones contributivas a las asistenciales; la mejora de la cobertura de aquellos que no acrediten 12 meses cotizados, algo que beneficia a los jóvenes; y facilidades para el cumplimiento del requisito de insuficiencia de rentas, como ha detallado CCOO tras la reunión.

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El secretario de Protección Social y Políticas Públicas de CCOO ha insistido en que la compatibilidad de las prestaciones y el empleo "es positivo", pero requiere "evaluación". "No basta establecerlos si no se evalúa", ha reconocido.

Como respuesta a esta preocupación, el Ministerio de Trabajo se ha comprometido a realizar una evaluación periódica. Para ello, se contará con el SEPE y la Inspección de Trabajo. Así también se facilitará el cumplimiento del reintegro de las prestaciones si se declaran percibidas indebidamente. 

El secretario de Protección Social y Políticas Públicas en CCOO, Carlos Bravo, en una imagen de archivo. Alejandro Martínez Vélez Europa Press

La nueva reforma de los subsidios también garantiza el acceso a prestaciones contributivas para trabajadores residentes en Marruecos que hayan trabajado en España, aunque ya no residan en el país. Está pensando, sobre todo, para las personas que trabajan de forma transfronteriza en Ceuta y Melilla. 

Además, para los colectivos que pasarán al Ingreso Mínimo Vital (IMV) se establecerá una pasarela, ya que esa prestación depende del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Bravo ha aclarado que este traslado se hará "con garantías", de manera que seguirán cobrando la prestación que tengan hasta su finalización y, después, pasarán a "otra red de protección adicional". Eso requerirá conversaciones con la cartera de Elma Saiz.

Profundamente constructiva

El secretario de Estado de Trabajo ha llegado a la mesa de negociación con una propuesta que "no era satisfactoria", en palabras de Bravo. Tras dos horas de reunión y un debate "constructivo y productivo", CCOO y UGT (las patronales no han hablado) esperan ahora un nuevo texto que plasme por escrito los elementos acordados de palabra.

Pérez Rey ha manifestado el compromiso del Ministerio por acelerar las negociaciones, ya que de esta reforma depende, además, el desembolso del cuarto pago de los fondos europeos. "Esperamos una respuesta cuanto antes", ha expresado.

El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, en una imagen de archivo. Ministerio de Trabajo y Economía Social Europa Press

Trabajo ve ya asentados "los mimbres" para que los agentes sociales y sus respectivos órganos de decisión den el visto bueno al texto. En cuanto a la tramitación parlamentaria, el secretario de Estado ha garantizado que el Ministerio "va a ejercer toda la responsabilidad para que cuente con el respaldo parlamentario". 

"Lo importante y decisivo es que salga adelante. El problema es que casi seis meses después los eventuales agrarios, los jornaleros, los menores de 45 años... no han podido beneficiarse de mejoras en materia de desempleo en España. Esto sí que es un auténtico drama (...). No es de recibo que se haya hecho esperar seis meses para todas estas mejoras que siempre hemos estado dispuestos a dialogar", ha reprochado el secretario de Estado a los grupos que votaron en contra.

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Pese al avance que han dejado entrever el Gobierno y los sindicatos este lunes, todavía no hay acuerdo. Ni siquiera hay un texto.

Trabajo remitirá un documento a los agentes sociales y, si contiene todo lo hablado en la reunión, lo elevarán a sus órganos de decisión, al menos los sindicatos. Tanto CCOO como UGT han insistido que no hay nada cerrado, aunque hay buenas sensaciones, y prefieren esperar a recibir el texto antes de ponerse fechas.